Esta semana, hemos tenido en Marienea (Casa de Mujeres de Basauri) a la Catedrática de Derecho Penal, Margarita Martínez Escamilla, para presentar el trabajo dirigido por ella misma sobre la situación de las mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, entraron durante 3 meses y medio en el CIE de Aluche (Madrid) con interés científico pero también de compromiso social con los derechos humanos: querían saber cómo llegaban las mujeres que se encontraban en estas "cárceles administrativas", es decir, cuáles eran sus trayectorias hasta verse con sus huesos encerradas en estas dependencias gobernadas por instancias policiales.
A pesar de que el tiempo que pudieron dedicar a las visitas al CIE-Aluche se viera severamente mermado por la negativa del director del centro a darles paso, las 24 entrevistas que llevaron a cabo son un indicio claro de que existen irregularidades en el proceso de detención, proceso administrativo y retención de personas en situación irregular en el país.
Desde la red Sin Rejas, ya informamos en Píkara Magazine acerca de este y otros informes que llamaban la atención sobre la situación de las mujeres en los CIEs, con motivo del 15 de Marzo, jornada de reivindicación de la abolición de este tipo de establecimientos, pieza clave del engranaje de represión y control de la inmigración de los países empobrecidos hacia Europa.
Pues bien, en esta ocasión, y con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, queremos destacar el hecho de que algunas de las mujeres entrevistadas en el estudio fueron objeto de trata de seres humanos y de violencia de género antes de entrar en el CIE, cuestión que no fue abordada por las instancias implicadas en el proceso de expulsión, dejando así a las mujeres sin la protección necesaria contemplada por la legislación vigente, tanto en lo referente al Derecho de Asilo, como a Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género.
Al tratarse de un estudio sin representatividad estadística, no es posible extrapolar esta conclusión a la generalidad de mujeres "retenidas" en los CIE. Sin embargo, los hechos son de suficiente gravedad como para dar la señal de alarma. Precisamente, una de las conclusiones más relevantes del informe es esta presencia de mujeres víctimas de trata de seres humanos, en concreto de trata con fines de explotación sexual:
"En la mayoría de los casos pasan inadvertidas por el CIE sin ser detectadas, sin que nadie se percate de que se hallan en situaciones extremas, mujeres violadas, ultrajadas, vendidas, mujeres marcadas por profundos traumas. En otras ocasiones, a pesar de que alguien hace sonar las alarmas, la inexorable política migratoria impone sus razones a costa de los derechos más básicos, desoyendo a estas mujeres, metiéndolas ―otra vez por la fuerza― en un avión que las arrojará de nuevo a la desesperación y probablemente a las manos y bolsillos de sus tratantes"
¿Cómo es posible que mujeres que estarían protegidas por la legislación española se encuentren desamparadas y sancionadas por la misma? Son varias los elementos que entran en juego. Por una parte, que la mujer afectada no haga saber que ha sido víctima de trata, ya que para ello hace falta que se den las condiciones de tranquilidad y confidencialidad, que favorezcan que hablen de su situación. No hemos de olvidar que muchas de ellas desconocen sus derechos y se sienten desconfiadas ante las instancias oficiales, por desconocimiento del idioma y por desorientación. Por otra parte, en caso de que comunique los hecho, puede ocurrir que, de manera inexplicable, no se tenga en cuenta en cuenta para paralizar el proceso de expulsión. Así, el informe menciona el caso de una de las mujeres entrevistadas, identificada en el informe con el nombre ficticio de Bianca:
"Procedía de Brasil y finalmente fue identificada como víctima de trata de seres humanos. Bianca no tenía miedo a la expulsión ya que después de once años en España había conseguido pagar la deuda que contrajo con quienes la habían trasladado a nuestro país, e incluso construir una pequeña casa donde podría vivir con su hija, y no precisaba de demasiado dinero para salir adelante ambas. Lo que a Bianca le producía auténtico pavor era la citación que se le había practicado para declarar como testigo en un juicio por trata que se iba a celebrar en breve. Aunque parezca increíble, a pesar de ser testigo ―quizá fundamental― en un proceso penal por trata de seres humanos, Bianca se encontraba ingresada en un Centro de Internamiento, pendiente de una expulsión que en cualquier momento podía ejecutarse. Nos relató atropelladamente un rosario de malos tratos y desgracias en muchos de los cuales había intervenido la policía, hasta el punto de afirmar que la primera vez que la policía la había tratado bien había sido en el CIE de Madrid (...) Le preguntamos por lo sucedido en la vista judicial para resolver sobre su internamiento y se quejaba del trato poco respetuoso del juez, que ni la escuchó en ningún momento, ni siquiera cuando le mencionó su condición de testigo en un proceso.
Este es un ejemplo del panorama de los CIEs respecto a las mujeres, caracterizado por un enorme galimatías legal y una gran falta de sensibilidad de los agentes jurídicos implicados, dando como resultado la retención de mujeres que, como decimos, deberían estar protegidas por esa misma legislación. ¿No estamos hablando de casos de violencia institucional? De ser así, es urgente sacar a la luz estos casos, y poner las medidas oportunas para que no se repitan, porque a la violencia directa, se le está añadiendo una violencia indirecta, que causa una doble victimización.
En la misma línea, el estudio menciona el caso de una de las mujeres entrevistadas, quien acudió a media noche a la comisaría de un pueblo de Badajoz para denunciar una agresión por parte de su pareja. Al comprobar la policía que tenía una orden de expulsión, se solicitó auto de internamiento y fue trasladada al CIE de Madrid.
También se constató "el caso de una joven subsahariana que había salido de su país huyendo de un matrimonio forzado con el hermano de su madre, o la de la transexual que fue captada con catorce años por un pederasta y que cumplida su mayoría de edad fue traída a España para convivir con él y encargarse de las tareas domésticas; casos que podrían subsumirse en el concepto amplio de trata que no exige el beneficio económico como elemento definitorio".
Podemos encontrar más información sobre este y otros aspectos recogidos en la investigación, en el libro en papel o su versión gratuita en pdf (pinchar aquí). Por su parte, el diario.es dedicó un amplio reportaje a este estudio en su blog Interferencias.
Sea como sea, tengamos presentes a estas mujeres durante el 25N y el resto del año, para que casos como los descritos aquí no se repitan. Es urgente y necesario. Es de justicia y derechos humanos acabar con políticas represivas contra la inmigración, y es necesario que las administraciones protejan a las mujeres vulneradas, no que las maltraten nuevamente. Vengan de donde vengan, sean del color que sean.
